En un contexto económico que el propio sector gremial define como «difícil y complejo», los sindicatos municipales sellaron un nuevo acuerdo paritario con el Ejecutivo local. La firma, realizada este jueves por la tarde, llega como un respiro para el bolsillo de los trabajadores estatales, aunque los dirigentes advierten que la discusión de fondo sobre la recuperación del salario real sigue pendiente.

Sin embargo, el punto fuerte del anuncio recae en los bonos de fin de año, una inyección de liquidez clave para diciembre y los meses de verano. «Los bonos totalizan en total un millón cien mil pesos», explicó Astete. El esquema de pagos incluye una parte a finales de noviembre, un bono de $400.000 en diciembre por el Día del Empleado Municipal y un refuerzo de $300.000 en febrero.

«Fue un acuerdo difícil. Costó muchísimo, pero finalmente acordamos. Es un avance, un paso adelante. Esto va a ser un alivio para mucha gente que está endeudada con tarjetas y viviendo al día», aseguró el dirigente gremial.

Más allá de los porcentajes, Astete reveló una estrategia más profunda que el gremio está impulsando en el Concejo Deliberante: la declaración de una emergencia salarial. Según el titular de la APJ, el objetivo es lograr un reconocimiento formal de la pérdida de poder adquisitivo para habilitar herramientas administrativas que permitan redistribuir partidas.

«En off todos reconocen que los salarios han perdido mucho, el tema es poder reconocerlo formalmente», señaló Astete, quien agregó que ya mantuvieron reuniones con los bloques Arriba Chubut y Plich. El proyecto del gremio propone una metodología de recuperación a cinco años para volver a los niveles salariales de hace una década.

Uno de los tramos más crudos de la entrevista giró en torno a la disparidad de ingresos dentro del municipio. Si bien el piso salarial para un trabajador de planta ronda los $900.000, Astete expuso la realidad de los trabajadores precarizados, con becas y contratos que oscilan entre los $200.000 y $600.000.

El dirigente denunció una modalidad de contratación que debilita la estructura laboral: el uso de órdenes de compra renovables mensualmente. «El municipio no escapa a esa realidad de precarización. Nos parece que está muy mal, pero es la solución que desde los 90 se le ha encontrado a la imposibilidad de tener personal en blanco», lamentó.

Además, confirmó que el pase a planta permanente sigue siendo una deuda pendiente. Según sus estimaciones, desde 2022 no se regulariza al personal, dejando en espera a un padrón de entre 200 y 300 trabajadores contratados.

Hacia el final, Astete ofreció una mirada crítica sobre el panorama laboral nacional y el avance de las reformas sin consenso. Se mostró preocupado por la falta de modernización en las discusiones laborales, citando la necesidad de regular el teletrabajo y la inteligencia artificial, en lugar de retroceder en derechos.

«Veo un futuro complejo. Creo que se está yendo en un sentido absolutamente inverso al que debería irse», concluyó Astete, advirtiendo sobre posibles reformas laborales que podrían «sorprender de la noche a la mañana» sin el debido debate con los trabajadores.