Mónica Baeza, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), dialogó con La Tribuna Radio y brindó detalles sobre la continuidad del plan de lucha de la comunidad universitaria, que nuclea a docentes de todo el país. La referente gremial confirmó que la CONADU histórica votó una semana de paro que comenzó este lunes, con un alto acatamiento también en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
La medida de fuerza busca visibilizar dos aspectos centrales: la situación salarial y la crisis de financiamiento que atraviesa el sistema universitario nacional.
Baeza fue contundente al exponer la brecha existente entre los haberes docentes y el costo de vida. «Se está hablando de la necesidad de actualizar salarios por lo menos un cuarenta y tres, cuarenta y cuatro por ciento para poder lograr que los salarios sean acordes al costo de vida», afirmó.
La representante sindical detalló que los docentes universitarios, al igual que otros trabajadores, no han tenido las actualizaciones salariales necesarias en un contexto de inflación que golpea fuertemente los ingresos. Puso como ejemplo la situación en el interior del país, donde un auxiliar de primera con dedicación semiexclusiva percibe $450.000 (sin zona desfavorable), un monto que está lejos de cubrir las necesidades básicas de un profesional que no solo da clases, sino que también investiga y realiza extensión.
«Se estima que nuestro salario, el salario decente, debe actualizarse en un cuarenta y tres por ciento para poder llegar a tener un salario que te permita alcanzar la canasta básica,» remarcó Baeza.
El otro gran eje de la protesta es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que, según Baeza, sigue sin aplicarse a pesar de haber tenido un importante «apoyo político institucional».
La referente gremial advirtió sobre las graves consecuencias de este déficit presupuestario, que va más allá de los salarios de docentes y no docentes.
«La universidad está funcionando con el presupuesto del dos mil veintitrés y bueno, esto marca un escenario de muchísima incertidumbre», sentenció, señalando que el problema también alcanza a las becas estudiantiles y al financiamiento de proyectos de investigación y extensión.
Incluso mencionó que la crítica situación social y económica que se vive impacta directamente en la comunidad, relatando un caso extremo: «Llegaron a tener estudiantes en situación de calle, un estudiante que vivía en una estación de servicio. En ese tipo de escenarios y ese tipo de situaciones se están atendiendo hoy».
Consultada sobre el estado de las negociaciones, Baeza fue categórica al indicar que no hay instancias de diálogo ni de consenso con el Gobierno. «Es que prácticamente es inexistente el diálogo,» aseguró, explicando que los últimos incrementos salariales fueron «determinados por el gobierno» y no fruto de un proceso de negociación.
Frente a este panorama, y proyectando el 2026, la línea de acción es clara: «seguir organizándose» y «seguir fortaleciendo la unidad». Destacó la coordinación con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cuyos rectores han realizado presentaciones judiciales por incumplimiento de la ley, buscando que la justicia se expida a favor de la universidad.
«Claramente lo que tenemos aquí es como un gobierno que no escucha, con funcionarios que no escuchan y que por ende no están valorando hoy no solo la educación universitaria,» concluyó Baeza, reafirmando que la lucha continuará hasta lograr que los funcionarios «empiecen a escuchar a la comunidad».
