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El funcionario destacó la complejidad de la tarea, la resistencia de algunos infractores (incluidos empresarios y empleados municipales), y explicó las consecuencias legales y económicas para quienes usurpan, que van desde denuncias penales hasta el cobro de los costos de los procedimientos de desalojo.

Durante la entrevista, Jurich subrayó que estas intervenciones buscan «corregir muchas situaciones de ocupaciones de espacio público antiguas» que tienen graves consecuencias para la vida comunitaria y la planificación de la ciudad.

El funcionario explicó que la ocupación ilegal es «muy frecuente» en la ciudad. Advirtió que la gente suele «justificarse en el avance sobre aquel lugar que no le es propio».

Jurich detalló las consecuencias de usurpar espacios, especialmente en las calles y veredas: «esos pequeños, por ejemplo, un metro sobre la vereda hace que no se pueda cumplir con la norma nacional del gas». En este sentido, remarcó que quien avanza sobre la vereda «no es que está ganando nada, lo que está haciendo es dificultar la vida comunitaria del resto del barrio».

El responsable del área territorial afirmó que la gestión está realizando un gran esfuerzo, despejando espacios y llevando a cabo «cuatro procedimientos por semana», lo que consideró «un montón».

Jurich señaló que la rigidez en la aplicación de la ley debe ser pareja para todos, incluyendo a los sectores más poderosos. Puso como ejemplo el caso de un empresario que ocupó «el doble de la tierra fiscal asignada» y que tenía notificaciones y pedidos de desalojo «nueve años» sin cumplir.

«¿Con qué autoridad yo le puedo exigir a una familia que respete la ley cuando el empresario no lo hace?», se preguntó el funcionario, insistiendo en que este tipo de esfuerzos estatales deben ser «parejos para todos». Además, lamentó que a veces «aquellos que tienen más fácil el aceptar las normas y cumplirla y acatar los reglamentos y todo, son en general los que más tensionan».

El funcionario detalló que la recuperación de los espacios ocupados conlleva sanciones para los infractores. «Lo que hemos empezado a hacer es, lo primero, formalizar las denuncias penales por la usurpación, que es un delito», explicó. La segunda medida es «pasarle la factura, porque no es gratis». Los infractores deben pagar «los procedimientos de levantamiento [que] son costosos, hay que llevar una maquinaria vial».

Jurich también reveló casos internos, señalando que en una ocasión «el que resistía a la apertura de la calle era un empleado del propio municipio, cosa bastante frecuente». En estas situaciones, la conducta «puede involucrar acciones en el campo disciplinario, administrativo», ya que el servidor público tiene la obligación laboral de «el respeto de las normas».

Además de la usurpación, el responsable del área territorial advirtió sobre el «robo de materiales de cantera». Explicó que ingresan de manera clandestina a canteras municipales con máquinas «a robar el suelo», un material «extremadamente costoso». En estos casos, el Estado radica «las denuncias penales» y activa «las investigaciones internas en el campo disciplinario municipal».

Finalmente, Jurich fue enfático al sostener que, si bien la tarea «cuesta mucho», las intervenciones se hacen «en el marco legal y en el marco del deber ser, porque estas cosas se naturalizan cuando hay una inacción de parte del dueño de los recursos qué es el Estado».