En diálogo con La Tribuna Radio, la integrante de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, Elena González, brindó detalles sobre el avance de la «causa 8008» en Comodoro Rivadavia, que investiga crímenes cometidos en el Regimiento de Infantería 8. Reveló nuevos centros clandestinos de detención y señaló la complicidad de la justicia de la época ante las denuncias de tortura y violación.

La entrevistada, que siguió de cerca las audiencias, subrayó la relevancia de la causa y la postura del fiscal, quien solicitó mantenerla abierta debido a las declaraciones de las víctimas. Estas declaraciones no solo ratifican las torturas sufridas en las instalaciones militares conocidas como «Las Casitas», sino que también apuntan a la existencia de otros centros clandestinos de detención en la ciudad.

«Me parece que esta causa tiene importancia porque la postura del fiscal de decir que es una causa que tiene que quedar abierta porque los que declararon, los que fueron torturados, que fueron alojados ahí en las casitas, en el Regimiento 8, comentan que pasaron por otros lugares», explicó González.

González reveló que las declaraciones de los denunciantes, como Mirtha Silveira y Editha Rubilar, apuntan directamente a otros edificios de fuerzas de seguridad como sitios de tormento.

«En el caso de Mirta Silveira y Edita Rubilar fueron torturadas y violadas en la sede de la Policía Federal y Miguel Anchordoquii y Osvaldo Stotanoff reconocen que también estuvieron en la Prefectura previo a que fueran llevados al Regimiento 8», detalló la integrante de la Cátedra.

Esta nueva información fue categórica para definir el alcance del aparato represivo de la dictadura en la Patagonia. «Entonces abre un panorama mucho más amplio y demuestra que hubo una organización de distintas fuerzas en la represión durante la dictadura», sentenció.

Asimismo, recordó el caso del abogado Torres Molina, trasladado desde Trelew para ser torturado en Comodoro, lo que refuerza la hipótesis de la organización. «Reitero lo de la organización, era algo como de distintos lugares de la Patagonia, que hacían centro en el centro clandestino de detención, que era el de Las Casitas», afirmó.

La denuncia de González no se limitó a las fuerzas armadas y de seguridad, sino que también apuntó al rol que tuvieron algunos miembros de la Justicia de la época.

Al referirse a las víctimas que denunciaron torturas y violaciones ante un juez, González fue tajante: «Él les pregunta ‘¿Y quiénes eran? No sé, teníamos tapada la vista con unas vendas’. ‘Ah, no tenemos elementos de juicio, así que no podemos hacer nada por ustedes'», citó, y concluyó que «antes denuncias de torturas y de violaciones, había gente que eran de la justicia que también fueron cómplices».

En cuanto a los responsables, y ante la mención de la defensa que intenta escudarse en la «obediencia debida», González contrastó la actitud de los acusados con la de las víctimas: «Lo notable es que las personas que están en la causa y que son los que sufrieron las torturas, casi todos participaron en las declaraciones y cuando yo fui a la audiencia que le tocaba que fueran los acusados, casi ninguno participó».

Finalmente, la activista se mostró optimista sobre el dictamen, reafirmando la claridad de los testimonios: «Yo pienso que va a haber condena, tiene que haber condena si es que hay justicia, porque bueno, hay muchos, los declarantes son muchos, los han hecho por tres veces, reconocen el lugar donde estuvieron».