Condenas de hasta 11 años por crímenes de la dictadura en Comodoro Rivadavia: «Fue un proceso largo para dar respuesta a las víctimas»
Tras cuatro meses de debate y el testimonio de más de 30 testigos, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dictó condenas de hasta 11 años de prisión para exmilitares y policías por privación ilegítima de la libertad y torturas. En diálogo con La Tribuna Radio, el juez federal Enrique Baronetto, brindó detalles sobre las dificultades probatorias, el rol de los «jefes» y adelantó que habrá nuevos juicios el próximo año.
La investigación incluyó inspecciones oculares en lugares clave como el Regimiento 8, el Batallón de Apoyo Logístico 9 y el Destacamento de Inteligencia 183, además de dependencias de la Policía Federal y la Prefectura. Según el magistrado, el debate permitió reconstruir cómo operaba el aparato represivo en la denominada «Subzona 53».
«Se pudo corroborar efectivamente la existencia de los hechos y la participación criminal de cada uno de los imputados en delitos de privación ilegítima de libertad y allanamiento ilegal», explicó Baronetto. No obstante, aclaró que las penas fueron inferiores a las solicitadas por la fiscalía, a cargo de Teodoro Nuremberg, debido a que «no se pudo corroborar la existencia de un plan de acción coordinado entre ellos como para configurar el delito de asociación ilícita».
Durante el proceso, las defensas de los exmilitares y policías intentaron ampararse en el cumplimiento de órdenes superiores. Al respecto, el juez fue tajante: «El argumento de la obediencia debida es común, pero ante delitos de lesa humanidad, cualquier hombre común puede determinar que una acción es ilegal si se allana un domicilio sin orden o se interroga a una persona maniatada y vendada».
Baronetto detalló que las víctimas se dividieron en dos grupos principales: civiles con participación política en Comodoro Rivadavia y un grupo de policías traídos desde Santa Cruz para ser interrogados en lo que la fiscalía denominó el «Fortín Chacauco».
A pesar de las condenas, la justicia llegó tarde para algunos de los máximos responsables. «Muchos de los jefes de mayor jerarquía han fallecido o han sido declarados insanos debido a su avanzada edad. El más joven de los juzgados hoy tiene 70 años y el mayor 87», reconoció el magistrado, señalando la complejidad de «probar cosas que pasaron hace 49 años».
Los condenados, entre los que se encuentran Raúl Pantaleón Cruz (11 años) y Mario Enrique Pérez (7 años), permanecerán en libertad hasta que la sentencia quede firme, tras la revisión de la Cámara de Casación. Los fundamentos completos del fallo se conocerán el próximo 13 de febrero.
Finalmente, el juez adelantó que este no es el fin de los procesos en la región: «Existen en Comodoro otras causas de derechos humanos que intentaremos llevar adelante lo más rápido posible. Tenemos pensado realizar otro juicio de lesa humanidad el año que viene», concluyó.
