Desde el inicio, el especialista puso de relieve la dificultad histórica de la Argentina para modificar su sistema de trabajo: «Desde que se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo en el año 1974, a los cuatro o cinco años ya se había planteado la necesidad de que había que reformarla. Pasaron más de cincuenta años y la Argentina no fue capaz de poder tratar una reforma del sistema de trabajo».

Según Mamarelli, la clave del estancamiento radica en la incapacidad de alcanzar «consensos suficientes» entre los tres actores principales: el Estado, los sindicatos y los empresarios.

«Si no tiene consenso, va a ser una reforma que no va a funcionar. En la práctica no va a funcionar», sentenció.

La crítica más dura se centró en la falta de claridad sobre el proyecto oficial. «Todos hablamos de una reforma que no sabemos en qué consiste. Si hay alguien que sepa a ciencia cierta cuál es el proyecto de reforma laboral que tiene el gobierno en la cabeza, que me lo diga, porque yo no lo sé», desafió.

La «gran mentira» del empleo y la prioridad fiscal
El abogado fue enfático al desmentir el vínculo directo entre una reforma laboral y la creación de empleo, una idea que, a su juicio, es un error conceptual:

«La primera gran mentira que debemos alzar con mucha fuerza en contra de esa mentira, es que la reforma laboral no va a solucionar el problema del empleo en Argentina. Es absolutamente mentira que la reforma laboral es sinónimo de empleo. Nadie toma un empleado que no necesita.»

Para Mamarelli, el verdadero motor del empleo es la economía, y en el ranking de prioridades, hay otro tema más urgente: «Es mucho más prioritaria y mucho más importante la reforma impositiva que la reforma laboral».

El especialista sostuvo que una reforma «en serio y en forma sistémica» debe abarcar tres pilares que componen el Derecho del Trabajo, todos ellos «vetustos»:

Sistema de representación sindical: El concepto de personería gremial «no responde a las realidades del sistema laboral actual».

Negociación colectiva: No puede seguir rigiendo la «ultraactividad convencional» que permite que convenios de la década del setenta sigan vigentes. Un ejemplo de la decadencia sindical es que en la actualidad los gremios «se conformaron con resistir no negociando» gracias a esta cláusula.

Contrato de Trabajo: La Ley de Contrato de Trabajo de 1974 «solamente protege a menos del cuarenta por ciento de la gente que trabaja», dejando afuera a la informalidad y a nuevas formas de empleo, como los trabajadores de plataformas digitales o el home office. «La ley no es mala, es vieja», resumió.

Al ser consultado sobre qué aspectos son «intocables», Mamarelli fue categórico:

«La protección de la relación laboral, todo el esquema protectorio que tiene la ley, eso no puede eliminarse, al revés, tiene que ser reactualizado en las nuevas formas de trabajo.»

No obstante, se mostró abierto a mecanismos de flexibilidad que ya rigen en el mundo, siempre que se articulen por la negociación colectiva y no por imposición legal. Ejemplos de esto son el banco de horas, las vacaciones fraccionadas y el fondo de cese. Sobre el banco de horas, recordó que: «El trabajo flexible, los bancos de horas, es algo que rige en el mundo del trabajo hace muchísimo tiempo. Las primeras que establecieron esa modalidad de banco de obra, fueron las empresas automotrices hace más de veinte años».

En cuanto a las cargas sociales, diferenció la paja del trigo: los aportes jubilatorios y de obras sociales son intocables si el Estado no quiere desfinanciar el sistema. En realidad, la discusión apunta a las cuotas sindicales y las contribuciones solidarias de no afiliados.

Finalmente, sobre el derecho de huelga, lo definió como «la única posibilidad de producir un daño a otro, protegida por la Constitución Nacional». El problema, según Mamarelli, es el límite constitucional y la definición de servicios esenciales.

«El problema que ha tenido el decreto 70 [DNU 70/2023] del gobierno de Milei es que cometió el mismo pecado que había cometido otro DNU similar de la época de Menem, declararon servicio esencial a todos. Entonces, si vos me declaras servicio esencial a todo, lo que estás diciendo es que la huelga no existe».

Concluyó señalando que la reforma es imperativa porque las normas actuales (la ley de contrato y la ley de convenios colectivos) no permiten modificar las reglamentaciones de las nuevas actividades.