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El tema inicial de la reunión fue una denuncia particular de una vecina del kilómetro 5, barrio Presidente Ortiz, por el estacionamiento de «una serie de camiones tanque» de combustible, lo que «pondrían en riesgo o al menos generan preocupación en la vecindad». El funcionario indicó que se acordó contactar a la denunciante y a la empresa para ir al lugar, «Primero chequear de qué se trata esto y segundo dar respuestas para […] la vecindad».
Otro proyecto tratado fue el acercado por otra concejal por la regulación y control de locales de eventos que cuentan con piletas. Gómez anticipó que el proyecto les pareció «acertado» y lo compartían.
El concejal Pablo Bustamante presentó una iniciativa para crear «un número, un canal que permita a a los ciudadanos hacer denuncias que hablen de desmanejos en cuanto a los móviles que tiene el municipio». El Secretario consideró «acertado» el proyecto, señalando que «es un es una medida que a nosotros como secretarios del municipio y aparte en coincidencia con lineamiento que nos ha dado el señor intendente de controlar qué es lo que se hace con los móviles».
Gómez explicó que si bien internamente ya toman medidas ante infracciones o negligencias del personal con vehículos asignados , el aporte ciudadano es bienvenido: «si el ciudadano se puede sumar a nuestro a nuestro trabajo de contralor, bienvenido sea». Además, el canal de denuncias ya existente sería potenciado con esta ordenanza para proporcionar al denunciante «más datos de qué medidas se toman, quién era el que conducía, el dominio del vehículo, qué actividad estaba haciendo». El objetivo final es darle «una devolución del caso».
Ante la cercanía de las fiestas de fin de año, se abordó la preocupación por la pirotecnia clandestina. Gómez confirmó que la «pirotecnia sonora está prohibida» y que los concejales expresaron que el año pasado hubo «un volumen alto de de bibliotecas no autorizadas que anduvo circulando por la ciudad».
Se acordaron «algunas medidas, algunas estrategias para mejorar el control de cómo ingresa esa mercadería irregular». El funcionario mencionó que los transportes correctos no la traerían y que la clave será poner «especial especial atención en algunos puntos que se retiraron, algunos accesos que se supone en que por el cual ingresaron». También se refirió a la dificultad que presenta la «compra online».
El Secretario adelantó que está «previsto ajustar» los controles de alcoholemia de cara a la temporada estival. Informó que este fin de semana se implementó una «propuesta innovadora» de «controles sorpresivos», lo que generó «numerosas novedades». Lamentablemente, en este marco, un inspector municipal resultó lesionado, siendo «agredido traicioneramente» por un particular que fue detenido, con una causa penal en trámite.
«Conductores alcoholizados tenemos todos los fines de semana», afirmó Gómez, señalando que es «un flagelo que afecta a la sociedad» y que se detectan casos de «2.6, 2. otro día como te ha dado este fin de semana». El consumo de alcohol al volante no distingue «clase social ni de barriada, ni de zona norte, zona sur. Aquí es diferente. La situación se detecta en todos lados».
Respecto al consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, Gómez fue enfático: «En la vía pública no se puede consumir». Aclaró que la sanción es de menor gravedad que conducir alcoholizado, que es «parar un arma». Sobre el consumo dentro de un vehículo estacionado en la calle, explicó que «el auto está en la vía pública, el auto no es morada, el auto no es vivienda, el auto no es domicilio, no se puede, no se puede en la vía pública».
Como primicia, el Secretario reveló detalles sobre un desarmadero en el kilómetro 17, donde un trabajador resultó con «lesiones gravísimas» el sábado anterior. El establecimiento, que hoy se encuentra clausurado, fue otorgado en agosto de 2015 para un emprendimiento de fruticultura, pero a los seis meses «había desviado la actividad» y se lanzó «francamente a la actividad chatarrera».
Gómez relató que a lo largo de los años se detectaron «lamentablemente distintos eventos que originaron causas penales» por trabajadores lesionados y por «actividad ilícita, evidentemente ilícita,» relacionada con «el acopio y la manipulación de elementos de diversa procedencia, le hace cobre». También se registraron irregularidades por «incumplimiento a las normativas de ambiente». El Secretario concluyó que, según la información recibida hoy, «no podría estar autorizado y no va a estar autorizado porque no lo está para desde las habilitaciones comerciales».
El accidente del trabajador resultó en la amputación de un brazo y «muchas esquirlas en la parte intestinal,» encontrándose «transitando momentos muy difíciles». En el predio, la policía secuestró «elementos que hablan a las claras de la existencia de material de índole explosivo». El lugar, que es una superficie bastante grande,» tiene un gran acopio de chatarra» y «elementos que son de algún modo de riesgo ambiental, de hace motores, cables, aceites contaminantes, baterías, todos, sustancias que son muy contaminantes para la tierra y peligrosas». El funcionario indicó que en la «próxima hora tomaremos alguna decisión».


