Soledad Pereyra, directora del Centro Pilares en Comodoro Rivadavia, detalló la situación que atraviesan los prestadores y las personas con discapacidad en Argentina debido al atraso en los pagos, la falta de actualización del valor nomenclador por más de un año, y la inejecución de la ley. La emergencia se traduce en la suspensión de servicios, la negación de terapias, transportes y ayudas técnicas, afectando no solo a los pacientes sino a todo su núcleo familiar.

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Pereyra detalló que la ley de discapacidad «se sancionó pero no se ha llevado a cabo» , lo que genera una emergencia que impacta en los derechos básicos de los pacientes.

Uno de los principales reclamos es el valor que se paga por las prestaciones. «Hace un año el valor nomenclador, que es el que rige la superintendencia, no tuvo incremento y se está pagando catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro con setenta y tres pesos», aseguró Soledad Pereyra. Esta cifra se encuentra «muy por debajo de los costos reales que deben afrontar los profesionales».

La directora de Pilares explicó que el monto actual no se condice con el tiempo y la complejidad de las tareas, que incluyen una sesión de tratamiento de aproximadamente 45 minutos a una hora, la cual implica un «abordaje individual específico en neurorehabilitación, con una mirada integral» , además de reuniones con escuelas, comunicaciones médicas, preparación de documentación y más.

A la falta de actualización del nomenclador se suma el grave atraso en los pagos. «Nosotros cobramos a noventa días de las prestaciones brindadas, no hemos cobrado, hay obras sociales en particular que desde febrero no hemos cobrado un peso» , reveló Pereyra, y lamentó: «a esos pacientes tuvimos que cortarles el servicio con mucho dolor, porque uno brinda un servicio de calidad de rehabilitación, lo hace con cariño y amor hacia las familias, pero es imposible sostener si desde febrero no nos pagan».

La entrevistada señaló que esta crisis tiene un impacto directo en la calidad de atención y en el acceso a derechos fundamentales. Desde su centro, buscan que no «atraviese el tratamiento» , pero la situación se vuelve «insostenible».

«Hoy tuvimos que parar para sumarnos a esta marcha nacional porque es crítico» , sostuvo, detallando las consecuencias: «los niños, algunos no tienen acceso a terapias, no les autorizan las terapias correspondientes, los transportes, ayudas técnicas como una silla de ruedas, un adaptador de baño, cualquier dispositivo de tecnología asistiva, muchas veces no lo aprueban o si lo aprueban no es lo que corresponde, algunos los dejan sin cobertura, sin apoyo escolar».

Al ser consultada sobre lo que se exige con la ley de emergencia, Pereyra fue clara: «fundamental es que a los pacientes le aprueben el tratamiento que fue indicado por su médico, que el valor nomenclador pueda acorde un valor al nivel de vida que se tiene» , además de garantizar servicios como «la escolaridad, la salud, el transporte, acompañamiento».

Para equiparar los costos operativos actuales, la directora del Centro Pilares estimó que el nomenclador «debe actualizarse un setenta y tres por ciento». La crisis es tal que el Centro Pilares, que cumplirá 15 años en noviembre, está «reevaluando cómo seguir como institución porque realmente los costos son altísimos».

Finalmente, Soledad Pereyra hizo un llamado a las familias y a la sociedad: «Yo igual invito a las familias de las personas con discapacidad que puedan involucrarse en este reclamo de una manera más activa». Subrayó que la problemática es «mucho más profundo como está impactando en todos los derechos que tiene una persona con discapacidad» , y afirmó que la inacción impacta negativamente en «darle calidad de vida y obviamente mejorar ese potencial que tiene cada persona con discapacidad». La jornada de reclamo se llevó a cabo a «nivel nacional», con «mucha gente, centros, personas con discapacidad marcharon al Congreso de la Nación».