La Municipalidad de Comodoro Rivadavia rechazó enérgicamente las declaraciones de un abogado vinculado a la empresa que perdió la licitación de un servicio público, quien en una entrevista periodística acusó a funcionarios municipales de integrar una "asociación ilícita" y de ser "socios" de la concesionaria. Según el municipio, el letrado no identificó a ningún funcionario, no mencionó denuncia ni causa penal alguna y tampoco presentó documentación que sustente sus afirmaciones.

Desde el Ejecutivo local sostuvieron que imputar delitos a través de los medios de comunicación, sin pruebas, constituye un intento de reemplazar la labor de los tribunales por el micrófono. En ese marco, advirtieron que se reservan el derecho de iniciar acciones legales contra el abogado de la firma Patagonia Argentina.

El municipio también señaló contradicciones en la propia entrevista del letrado: este habría reconocido que el acuerdo con los 72 trabajadores fue homologado con participación sindical y que el plazo adicional para las unidades faltantes aún no cuenta con ratificación del Concejo Deliberante. Además, remarcaron que los temas denunciados están sometidos a la Justicia y no existe sentencia firme al respecto.

En cuanto a las acusaciones concretas, precisaron que no se ha concretado pago alguno al sindicato ni hay resolución judicial que declare ilegalidad o sesgo en el proceso licitatorio. Lo que el abogado presenta como un escándalo, indicaron, es en realidad una alternativa de diálogo en torno a un conflicto laboral que la empresa dejó planteado.

La responsable del área, Cintia Juárez, calificó como una estrategia de presión la actitud de quien considera que el proceso fue "amañado", y subrayó que se trata de un hecho no acreditado. Juárez recordó que desde que la empresa perdió la licitación, su representante legal viene realizando todo tipo de denuncias, mientras que la Municipalidad ha presentado toda la documentación requerida por la Justicia en cada oportunidad, sin que ningún funcionario haya sido citado a declarar.

Respecto de los trabajadores, el municipio afirmó que su preocupación por los 72 empleados es institucional y verificable, y atribuyó la situación laboral de esas personas a una disputa empresarial que ahora se pretende trasladar a la opinión pública.